Las compras excesivas
o inadecuadas de armamento son una sangría sobre los
recursos sociales y económicos que los países
en vías de desarrollo simplemente no pueden permitirse.
Todo Estado tiene derecho a la defensa individual y colectiva,
como se establece en el artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas. Sin embargo, la Carta exige también
a los Estados que promuevan “el respeto universal a los
derechos humanos y a las libertades ” para lograr “condiciones
de progreso y desarrollo económico y social ”.
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