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Fuera de la ley
El negocio de las armas no se parece a ningún otro. Debido a su relación
con la seguridad nacional y la política exterior de cada país,
lleva muchos años funcionando en un ambiente de secretismo, y su control
no está regulado por la Organización Mundial del Comercio, sino
por los diferentes gobiernos. Por desgracia, los gobiernos no siempre están
dispuestos o son capaces de controlar las ventas de armas de forma responsable.
Asimismo, lo más frecuente es que la legislación nacional, si la
hay, sea lamentablemente inadecuada y esté plagada de vacíos legales.
Además, los mecanismos existentes no son obligatorios y apenas se
aplican.
Lagunas legales
Algunos gobiernos exigen un Certificado de Uso Final que indique el destinatario
de las armas y para qué van a utilizarse con el fin de impedir que caigan
en manos equivocadas. Pero este sistema es fácil de sortear, ya sea
porque el órgano que concede el permiso no hace casi nada para verificar
la documentación, o porque los certificados se obtienen mediante canales
corruptos. Muchas veces, las armas terminan en un lugar diferente porque el
punto de destino citado en el certificado es sólo una parada de tránsito
o sencillamente es falso.
Veamos, por ejemplo, el caso de Canadá: treinta
y tres helicópteros militares canadienses se enviaron
a Colombia –un país con un historial terrible
en materia de derechos humanos– a pesar de que el
gobierno canadiense tiene estrictos controles sobre la
venta de armas a este Estado.
¿Cómo sucedió? Los vacíos
en la ley canadiense permitieron que las armas fueran enviadas
primero a Estados Unidos, un país para el que Canadá no
exige Certificado de Uso Final, y donde no hay garantías
de que las armas no serán nuevamente exportadas.
Los intermediarios
Los intermediarios son los que organizan las transferencias
entre los vendedores y los compradores. Muchos han sido acusados
de suministrar armas a los peores conflictos del mundo, a
zonas con graves crisis de derechos humanos y a países
sometidos por la ONU a embargos de armas, como Angola, Afganistán,
Iraq, Ruanda y Sierra Leona, por citar unos pocos.
En la mayoría de países la legislación
sobre exportaciones de armas no regula el tema de los intermediarios.
Y allí donde existe regulación, los “intermediarios-traficantes” sin
escrúpulos, con la ayuda que reciben de los transportistas
de armas y algunos bancos que les permiten tener cuentas
bancarias en el extranjero, evitan ser detectados y ocultan
bien el rastro que dejan.
Es necesario un control y regulación del tráfico,
el transporte y los intermediarios que intrevienen en el
comercio de las armas.
Licencias
Un número cada vez mayor de fabricantes
de armas exportan sus conocimientos y su tecnología
a otros países con leyes más laxas en materia
de armas, lo que permite que se fabriquen armas bajo licencia
en territorios donde el control sobre las exportaciones
es aún menor. De este modo, es muy fácil
que los exportadores sorteen los controles que prohíben
la venta de armas a los países en conflicto.
Los gobiernos de al menos 15 países, entre ellos
Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Suiza y Alemania,
permiten que las empresas concedan licencias para la fabricación
de sus armas y munición en otros 45 países,
muchos de los cuales tienen un control sobre la exportación
de armas aún más débil. Esto aumenta
las probabilidades de que las armas que fabrican caigan
en manos equivocadas.
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