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Comercio de armas en España: Una
ley con agujeros
Nuevo informe de Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace sobre
el proyecto de ley de comercio de armas en España
06 de Febrero de 2007.- La Ley de comercio de
armas que ha propuesto el Gobierno, reclamada durante
años por Amnistía Internacional, Intermón
Oxfam y Greenpeace con el apoyo de cientos de miles de
personas, ha defraudado las expectativas de las organizaciones,
según afirma el informe que han hecho público
hoy "Comercio de Armas en España: una ley
con agujeros".
La principal conclusión de este documento es que
el proyecto de ley, si no se modifica durante su tramitación
parlamentaria, no supondrá un verdadero avance
para impedir que las armas españolas lleguen a
destinos equivocados, incluyendo países donde
se violan los derechos humanos o inmersos en situaciones
de pobreza.
“
Elevar a rango de ley la normativa sobre comercio de
armas es un avance importante. Pero si la ley no mejora
sustancialmente la transparencia de la información
oficial sobre esta materia y no deja claros los criterios
para autorizar o no las exportaciones, no supondrá ningún
cambio importante sobre la situación actual”,
afirman las organizaciones.
En la actualidad no es posible saber qué se ha
vendido exactamente desde España a un determinado
país, cuál será el uso final del
producto exportado, ni cómo se interpretan los
criterios del Código de Conducta de la Unión
Europea sobre exportación de armas, según
el cual no deben exportarse armas a países con
graves violaciones de derechos humanos, en situación
o riesgo de conflicto armado o cuando haya riesgo de
desvío, entre otras situaciones.
Tampoco es posible saber con qué garantías
cuenta el Gobierno al autorizar una venta de que la misma
no tendrá un impacto negativo en el país
de destino o en un país tercero, y por qué se
deniega una licencia de exportación. Además,
las actas de las reuniones de la JIMDDU , el organismo
interministerial que decide sobre las transferencias
de armas, continúan siendo secretas.
Esta situación es la que ha permitido que entre
los destinos habituales de las armas españolas
de los últimos años se encuentren países
como Colombia, Israel, Marruecos, China o Indonesia,
entre otros. En algunos de estos países se cometen
graves violaciones de los derechos humanos. Algunos de
ellos están sumidos, desde hace décadas,
en conflictos armados y en otros impera la pobreza.
“
Esta Ley no debe ser una ley “colador” que
permita las transferencias de armas a destinos equivocados.
Si hay voluntad política para ello, hay muchos
aspectos de la ley que pueden ser reforzados, siguiendo
el ejemplo de las mejores prácticas de otros países.
Esta es una oportunidad única para que España
tenga la mejor ley de comercio de armas”, añaden
las organizaciones.
El informe que hoy
se presenta analiza el proyecto de
ley del Gobierno, compara la legislación y la
práctica en materia de comercio de armas de diez
países (entre ellos Alemania, Estados Unidos,
Finlandia, Italia y Reino Unido) y hace recomendaciones
concretas que deberían ser tenidas en cuenta por
los grupos parlamentarios para reforzar la ley durante
su tramitación y poner fin al comercio irresponsable
de armas.
Las organizaciones
destacan como aspecto positivo del proyecto de ley la
inclusión de las armas de caza
y tiro deportivo, así como sus municiones, como
material sujeto a control. Otra medida en la dirección
correcta es la obligación del Gobierno de informar
sobre la naturaleza del usuario final de las armas exportadas.
Muy pocas novedades positivas para un proyecto que debería
ser mucho más ambicioso.
Recomendaciones de las organizaciones para mejorar el
proyecto de ley
Los grupos parlamentarios tienen ahora la responsabilidad
de aprovechar esta oportunidad única de aprobar
en España una ley que regule de manera exigente
y eficaz el comercio de armas, mejorando el proyecto de
mínimos presentado por el Gobierno. Para las organizaciones,
una ley eficaz de comercio de armas debe:
- Asegurar la
máxima claridad y concreción
y corregir las disposiciones ambiguas o incompletas en
materia de exportación y criterios de autorización.
- Establecer
mayores controles al comercio exterior de material
de defensa
y doble uso,
teniendo en cuenta las
buenas prácticas de otros países
- Aumentar
los niveles de transparencia de la información
oficial.
- Limitar la discrecionalidad
de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa
y de Doble Uso).
- Desarrollar
nuevos mecanismos de control parlamentario para poder
parar, en su caso,
una exportación de
armas a un lugar equivocado antes de que se produzca.
Por otro lado,
las organizaciones lamentan no haber tenido acceso al
borrador del proyecto
de ley para hacer comentarios,
como sí lo ha tenido la industria armamentística.
Por último, Amnistía Internacional, Intermón
Oxfam y Greenpeace piden al Gobierno español que
informe con puntualidad sobre las exportaciones de armas
españolas: todavía no se han enviado al Congreso
de los Diputados las estadísticas oficiales sobre
el primer semestre de 2006. Además, el Gobierno
debe incorporar ya los avances en control y transparencia
que se proponen en el informe de las organizaciones, sin
tener que esperar a la aprobación de la ley.
Contacto para medios:
Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo 91 310 12 77 / 630 74 68 02 agonzalo@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org
Intermón Oxfam
Carmen Rodríguez 91 204 67 20 / 615 359 401 crodriguez@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org
Greenpeace
Marta Sanromán 914 44 14 00 / 680 40 06 45 marta.sanroman@es.greenpeace.org
www.greenpeace.es
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